El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coín ha admitido a trámite una querella por prevaricación y falsedad documental en contra del alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra. La querella fue presentada por un promotor de la localidad que asegura que ambos responsables políticos actuaron con la intención de perjudicarle personalmente decretando la caducidad del derecho de edificación de un bloque de viviendas situado en la carretera de Cártama.
Los hechos se remontan al año 2000, cuando la empresa del citado promotor, José Ortuño, inició los trabajos de construcción del edificio gracias a una licencia obtenida años atrás. En 2005, el Ayuntamiento emitió un decreto declarando la extinción del derecho a edificar y la caducidad de la licencia, debido a que, según el Consistorio, se habían incumplido los plazos máximos de finalización de obras establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana. Según se asegura en la querella, a la que ha tenido acceso este periódico, tanto el alcalde como el edil de Urbanismo «conocían y eran conscientes, cuando acordaron la declaración de caducidad, de la inexistencia de expediente administrativo, de la ilicitud del acto y de la injusticia que suponía». La querella se apoya además en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga, que en marzo de este mismo año declaró la nulidad del decreto del Ayuntamiento, estimando un recurso interpuesto por el propio Ortuño.
La parte denunciante entiende que la declaración de caducidad de la licencia no respondía a ninguna política urbanística concreta, y alega en este sentido que ofreció varias propuestas de convenio para finalizar las obras, pero que no fueron contestadas.
Caso Troya
En el escrito de la querella remitido al Juzgado se señala además que el decreto en cuestión respondía a una «decisión personal, interesada y dirigida a perjudicar a las empresas» del promotor. En este sentido, la denuncia se hace eco de una conversación telefónica incluida en el sumario del caso Troya. En dicha conversación, el alcalde habla con el concejal de la necesidad de sacar a concurso las obras de Ortuño, de quien Martín Serón dice: «Hay que ir a por él».
El promotor denunciante reclama además una indemnización de 20 millones de euros, por entender que es el dinero que ha dejado de ganar como consecuencia de la paralización de los trabajos del edificio, que iba a albergar viviendas, un almacén y una zona comercial. El Juzgado de Coín admitió a trámite la querella el 18 de mayo.
Por su parte, el alcalde de Alhaurín el Grande declaró que el Ayuntamiento anuló la licencia «con todas las de la ley», ya que, según dijo, las obras «llevan más de quince años paradas». Martín Serón acusó también al Partido Socialista de estar detrás de esta historia. «Esto es sólo una patraña más del PSOE», espetó el primer edil.
