La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación penal para esclarecer si tres concejales del equipo de gobierno en Alhaurín el Grande, del PP, han podido cometer un delito al construirse sus viviendas en suelo rústico no urbanizable. La investigación judicial intentará aclarar si las viviendas en cuestión han sido construidas sin ningún tipo de licencia o autorización, o si fueron autorizadas por el Ayuntamiento en contra de la legislación urbanística y de las propias normas del planeamiento local.
Un implicado tiene entre sus cometidos vigilar la disciplina urbanística
Las diligencias se han abierto en tres casos independientes, por decreto del fiscal encargado de los delitos contra la ordenación del territorio, Juan Calvo-Rubio, firmado el pasado 2 de marzo, en el que da por "comprobada la existencia de una serie de indicios que hacen pensar en la posible existencia de hechos delictivos". Se da la peculiaridad de que uno de los ediles implicados es el responsable de Seguridad Ciudadana, Sebastián Burgos -que precisamente tiene entre sus cometidos la disciplina urbanística en el suelo no urbanizable- que se construyó dos viviendas en la misma parcela.
Los otros dos ediles implicados son la primera teniente de alcalde, Antonia Ledesma, que tiene inscrita la vivienda construida de forma presuntamente irregular y en la que reside habitualmente a nombre de sus padres; y Diego Navas, concejal de Medio Ambiente, que tiene la vivienda a nombre de su esposa en el Registro de la Propiedad, pero sin dar de alta en el catastro.
Además, otra concejal, Josefa Brescia, está pendiente de la próxima celebración de un juicio oral por la construcción en suelo rústico no urbanizable de la vivienda en la que reside habitualmente, caso por el que un juzgado de Coín abrió diligencias en 2006.
Ninguno de los concejales implicados quiso ayer pronunciarse sobre la apertura de diligencias penales. El alcalde, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, están acusados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho en el denominado caso Troya por el presunto cobro de comisiones a cambio de favores urbanísticos.
